RETO 3 CURSO “LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”
Mi
administración pública de destino actual es la Administración General del
Estado y, concretamente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La
información relativa al sistema de indicadores de cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de este ministerio es escasa o, al menos, no
suficientemente divulgada a través de plataformas públicas.
Por
este motivo, mi análisis, en relación con el reto tres del curso “LA AGENDA
2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”,
se circunscribirá a la Xunta de Galicia, otra administración cercana y bien
conocida por mí, y cuyo sistema de indicadores y cuenta de resultados es más
accesible.
Cabe
aquí recordar que la ONU, en el año 2015, estableció 17 objetivos de desarrollo
sostenible y 169 metas a cumplir para el año 2030, configurando un sistema que
incluía 239 indicadores de cumplimiento.
Por
lo que respecta a la Xunta de Galicia, esta inició en el año 2018 el camino
hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la
ONU, y ya en el año 2019 creó una Comisión Interdepartamental de la Agenda
2030, así como también desarrolló un sistema de indicadores propios para la
evaluación de resultados.
Además,
a través de informes de seguimiento (dos hasta la fecha), el gobierno
autonómico da cuenta periódicamente ante el parlamento gallego del desarrollo
del cumplimiento de los objetivos marcados, siendo el último informe de mayo de
este año 2024.
En
síntesis, podemos decir que los indicadores establecidos por la Xunta de
Galicia constan de datos estadísticos extraídos de fuentes de información
oficiales que permiten medir a nivel autonómico algunos de los indicadores
previamente definidos por la ONU.
El
sistema de indicadores propios de la Xunta de Galicia abarca prácticamente
todos los ODS (salvo el objetivo número 14, relativo a la vida submarina, para
el que no hay datos desglosados a nivel autonómico), aunque las metas analizadas
son únicamente 60, existiendo un total de 172 indicadores de cumplimiento.
Aunque
la mayoría de los indicadores relativos a cada objetivo presentan en Galicia
una tendencia positiva, la Xunta de Galicia destaca en su último informe de
seguimiento la excelente evolución de los objetivos relativos a “Agua limpia y
saneamiento” (ODS nº 6), “Energía accesible y no contaminante” (ODS nº 7) y “Vida
de los ecosistemas terrestres” (ODS nº15).
Desde
una perspectiva global y genérica, podríamos decir que el sistema de
indicadores de los ODS de la Xunta de Galicia está convenientemente actualizado,
aunque es a todas luces incompleto, existiendo indicadores que tienen partes
comunes con el conjunto de indicadores oficiales de la ONU, aunque en la gran
mayoría de los casos consisten en indicadores propios cuya configuración y
análisis final de resultado podrían derivar hacia un cierto sesgo con
intencionalidad política, entendido todo ello en un contexto de comparativa de
resultados con la Administración General del Estado, cuyo gobierno es ejercido
por un partido político claramente confrontado en términos electorales a nivel
autonómico y estatal con el que ejerce el poder en el ámbito autonómico.
Este
sistema de la administración autonómica es cierto que cubriría prácticamente la
totalidad de los ODS, salvo el ya citado ODS nº 14, aunque quedaría lejos de
cubrir la totalidad de las metas, por lo que es indudable que en los próximos
años debería llevarse a cabo un esfuerzo mayor por generar indicadores
específicos, fiables, realistas y con un marco temporal adecuado, que abarquen
todas las metas, obteniendo así unos indicadores de mayor calidad cuantitativa
y cualitativa, más cercanos a los estándares fijados por la ONU y a las
características “SMART”.
No
obstante, se puede concluir que el sistema de indicadores generado por la Xunta
de Galicia es indudable que aporta información ciertamente relevante para una
adecuada medición del cumplimiento de los ODS, así como también sirve para
establecer una interpretación relevante y fiable del camino hacia la
sostenibilidad emprendido por la administración autonómica a través de sus
diversas políticas.
