¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros individualmente, desde nuestra posición como empleadas o empleados públicos, para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres?

Esta pregunta, que se nos plantea en el Reto 5 del curso sobre “FUNDAMENTOS SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”, bajo una apariencia sencilla, encierra en sí misma una gran complejidad.

Nos hace plantearnos si efectivamente la relevancia de nuestros pequeños actos cotidianos como empleados públicos podrían tener alguna relevancia en aras de alcanzar esa meta de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La respuesta sería más sencilla si mi desempeño profesional efectivo tuviera que ver con la toma de decisiones, en cuyo caso, la respuesta derivaría más hacia cuestiones como impulsar protocolos o normativas contra el acoso sexual y a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, reconocimiento de los logros desde una perspectiva igualitaria, adoptar medidas de conciliación en mi órgano o unidad administrativa, etc.

Sin embargo, siendo un funcionario perteneciente al Cuerpo General Administrativo, no manejando, por lo tanto, ninguna cuota de poder, ni ostentando ninguna relevancia desde la perspectiva de la toma de decisiones organizacional, la respuesta a la pregunta hay que buscarla en los pequeños gestos y automatismos individuales del desempeño profesional.

Así, considero que podría focalizarme en cuestiones tales como el adoptar un lenguaje inclusivo en mi quehacer diario (tanto en su manifestación de relaciones internas a nivel organizacional como externas, en cuanto a la relación con los ciudadanos y la forma de exteriorizar la actividad administrativa), tratar de visualizar y tomar conciencia de mis posibles micromachismos adquiridos en el proceso de socialización y corregirlos, estar alerta en mi entorno laboral inmediato y tratar de comunicar por cauces informales a mis superiores jerárquicos posibles situaciones de desigualdad, etc.

En fin, se trataría, sin más, de fijarme y reflexionar sobre los pequeños gestos cotidianos heredados de la cultura organizacional y de la propia socialización y educación individual adquirida, analizarlos desde una perspectiva de género y tratar, en su caso, de corregirlos.

¡Hola a todos!

De acuerdo con el reto 0 del curso "LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS", voy a presentarme brevemente.

Soy funcionario de la Administración General del Estado desde hace ya más de 17 años, y actualmente pertenezco al Cuerpo General Administrativo.

Mi destino actual en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene relación alguna con la temática de este curso, no obstante, me gustaría conocer esta materia, por eso he considerado que sería interesante realizar el curso.

A lo largo del mismo, espero ir comprendiendo un poco más el contenido de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en las administraciones públicas, sus objetivos, metas, políticas y resultados.

Espero que sea una experiencia provechosa para todos.

Saludos.

 En esta publicación en mi diario de aprendizaje voy a analizar la firma del “Protocolo General de Actuación Para la Difusión de la Campaña de los Puntos Violeta en Estaciones de Tren, Aeropuertos y Puertos”, impulsado por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Dicho protocolo fue rubricado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Igualdad, así como por las entidades Adif, Aena, Renfe y Puertos del Estado, encargadas estas últimas de difundir e implementar en sus espacios públicos las iniciativas surgidas bajo el paraguas de dicho protocolo.

En síntesis, su objeto es concienciar en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, el compromiso social y la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres, todo ello dentro de un contexto de modelos de transporte y espacios públicos igualitarios y seguros para las mujeres, prestándole así un enfoque de género a la política nacional de transporte público.

La forma concreta de implementación de este protocolo es a través del despliegue de una red de “Puntos Violeta” como medio de garantía para las mujeres (u otros colectivos vulnerables) configurando de esta manera un espacio seguro cercano y accesible de asistencia en caso de necesidad, coordinando a su vez la doble faceta de acción protectora e informativa.

El protocolo incluye, igualmente, el compromiso de elaboración y difusión de campañas anuales de concienciación y sensibilización para la erradicación de la violencia de género, incluyendo las destinadas a visibilizar los buenos tratos y combatir la violencia sexual.

El objetivo último de esta política pública consistiría en implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia machista, acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos.

Este proyecto se enmarca en una acción sostenida temporal de las medidas de concienciación y sensibilización para la erradicación de la violencia de género, incluyendo las destinadas a visibilizar los buenos tratos y combatir la violencia sexual.

Facilitará un acceso igualitario a los medios de transporte y espacios públicos, impulsando una movilidad más accesible, eficiente, eficaz e inclusiva desde una perspectiva de género de acuerdo con un modelo europeo en el que se permita a todos los ciudadanos viajar con seguridad y de forma independiente, poniendo el foco en la importancia del transporte público como medio básico para acceder a otros derechos fundamentales como son la vivienda, la educación, el trabajo o la sanidad.

De esta manera, el proyecto repercutirá de forma evidente sobre los roles de género (comportamientos que hemos aprendido y aceptado de acuerdo con los atributos asignados socialmente a hombres y mujeres), que influyen sobremanera en la violencia contra las mujeres.

En cuanto a la paridad de género y representación de las mujeres en la toma de decisiones y relaciones de poder de este proyecto, cabe destacar que en su firma existe una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones, dado que, en tres de las seis entidades y administraciones públicas firmantes, sus máximas representantes son mujeres.

Este protocolo debería tener un impacto y resultado beneficioso en aras a conseguir una movilidad cotidiana inclusiva y que permita la participación de todas las personas, y en especial de las mujeres, en las actividades sociales, aumentando, a su vez, la visibilidad y sensibilidad en temas de igualdad de género, y el refuerzo de la seguridad en los servicios e infraestructuras de transporte, respaldando así la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de una forma visual y efectiva.

Desde mi punto de vista, los puntos fuertes fundamentales derivados de la implantación de este protocolo serán el acercamiento de servicios integrales a las víctimas a través del entorno en el que interactúan y la facilitación de información accesible y cercana sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista.

Igualmente, otro punto fuerte de la medida será la visibilización del problema que motiva la acción, haciendo visible a toda la sociedad de la existencia de un problema importante que nos atañe a todos y, a su vez, publicitar la existencia de canales institucionales que ofrecen y facilitan una posible salida a la situación de la víctima.

En cuanto a las debilidades observadas en este protocolo, en el mismo no existe una descripción rigurosa, ni detallada, de los recursos económicos y humanos destinados a poner en marcha los “Puntos Violeta”, así como tampoco se especifica cuantos de ellos se implantarán, ni tampoco existe información sobre sus concretas ubicaciones.

Tampoco se conoce si existirán registros acerca de los puntos violeta creados, ciudadanos atendidos, etc., lo que facilitaría poder analizar su despliegue y eficacia en términos de actividad y resultados.

 En esta entrada de mi diario de aprendizaje voy a hablar brevemente acerca de Dª. María Isabel Ces, vecina del ayuntamiento de Rianxo (A Coruña).

La citada, a su actual edad de 74 años, sigue siendo una persona muy activa y luchadora, tanto en el ámbito privado y familiar, como en lo que se refiere al ámbito social, participando activamente desde siempre en diversas asociaciones vecinales y culturales de la villa rianxeira, en la que todavía reside.

Maribel, como así le gusta que le llamen, ostenta un récord que ya nadie será capaz de arrebatar, y es que ella fue la primera mujer en formar parte de la corporación municipal del ayuntamiento de Rianxo, allá por el año 1979, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones municipales de la democracia, siendo, por lo tanto, una precursora que abrió camino a la participación de las mujeres en el ámbito político municipal.

Aunque únicamente se mantuvo como concejala cuatro años, y aunque su poder de decisión fue muy limitado, puesto que el partido en el que acudió a las elecciones, el Bloque Nacionalista Galego, permaneció todo ese tiempo en la oposición, Maribel es recordada entre la ciudadanía como una persona cercana, accesible, preparada e íntegra, siempre dispuesta a ayudar e informar a los vecinos de las diversas materias que pudieran ser de su interés.

Era además, como ella misma reconoce, muy visceral, y así, diversas iniciativas personales que consideraba redundarían en beneficio de su pueblo (como, por ejemplo, la puesta en marcha de diversas líneas de autobuses que conectaran las diversas parroquias del municipio, la instalación en la localidad de una oficina permanente de Correos, o llevar la línea telefónica a aldeas remotas del municipio que aún no disponían de dicho servicio), las defendió con gran vehemencia aunque, con escaso resultado, pues no pasaron el filtro del, en aquel momento, ejecutivo municipal, de configuración íntegramente masculina.

No obstante, a pesar de estas luchas baldías y proyectos políticos que nacían fracasados sin mayor razonamiento posterior, cabe destacar ese fundamental papel de pionera en la actividad política local tras la finalización del régimen franquista.

En aquel contexto histórico se hablaba de un escaso interés de las mujeres en las cuestiones políticas y primaba la idea, falaz y contumazmente repetida a lo largo de la historia, de la desigualdad de aptitudes entre hombres y mujeres, pero la realidad es que lo que realmente cercenaba la participación cuantitativa y cualitativa de la mujer en la política eran los numerosos obstáculos a los que tenían que enfrentarse para alcanzar una participación política igualitaria.

Entre esos obstáculos encontramos los ya consabidos roles, estereotipos, relaciones y socialización de género, la asunción fundamentalmente femenina del trabajo doméstico, del cuidado de niños, enfermos y ancianos, así como el diverso enfoque que se daba a la carrera educativa de hombres y mujeres (más enfocada la de estas últimas a las labores del hogar, a ser una “buena esposa”, y escasamente orientada al ejercicio de actividades de poder o de toma de decisiones).

Así pues, como ya ha quedado reflejado anteriormente, lo que realmente aportó Maribel a su sociedad y al contexto histórico que le tocó vivir, no fue una, digamos, carrera política brillante y duradera, sino la valentía de dar el paso e introducirse de forma pionera en un ámbito, el de la política municipal rural, vedado en aquellos tiempos a la presencia de las mujeres, dando así un pequeño, pero importantísimo, paso en la lucha por conseguir una participación política igualitaria.

 

Fuentes:

-          -         Hemeroteca diario “La Voz de Galicia”

-          Publicación “A Forza en Nós: retratos biográficos de Mulleres de Rianxo”; editado por Ayuntamiento de Rianxo 

 

En esta publicación voy a hacer una breve referencia a los datos correspondientes a las Víctimas Mortales por Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al período 2023 – 2024.

Los datos objeto de este breve análisis podemos encontrarlos en el siguiente enlace del Instituto de las Mujeres, organismo público español, adscrito al Ministerio de Igualdad:

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm

La Comunidad Autónoma de Galicia, es la 5º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población, siendo la población femenina mayoritaria, con 1.404.359 mujeres, lo que supone el 51.87% del total, frente a los 1.302.594 hombres que son el 48.12%.

Se trata de una comunidad con una fuerte dispersión demográfica (el 62% de su territorio está habitado) y en la que la población rural sigue teniendo un gran peso, fundamentalmente en las provincias interiores de Lugo y Ourense.

Los datos objeto de análisis indican que en el período 2023 – 2024 ha habido 5 víctimas mortales de violencia de género (tres víctimas en el año 2023 y dos víctimas en lo que va de año 2024).

En este sentido, porcentualmente, Galicia ocupa el sexto lugar de las CC.AA. en las que más víctimas mortales de violencia de género ha habido a nivel estatal.

La actual legislación nacional y europea obliga a las administraciones públicas a integrar activamente el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres en todas sus actividades y políticas públicas, de una forma transversal y con un ánimo corrector de las desigualdades históricas derivadas del proceso  de socialización, debiendo tener siempre presente en su actuación el principio de igualdad.

Dicha obligación se materializa por diversos cauces, como, por ejemplo, mediante la adopción de medidas de acción positiva e inclusión, todo ello en aras de garantizar y promover la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales.

La máxima expresión de la desigualdad la podemos encontrar en  la violencia ejercida contra las mujeres y en las diferentes formas de discriminación (racismo, xenofobia, discursos de odio LGTBIQ+,...). Se trata este de un problema que trasciende el ámbito privado, ante el que las administraciones públicas deben actuar poniendo a disposición de las víctimas medios de protección efectivos desde una perspectiva de género, inclusividad y diversidad.

La Ley española de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 define este tipo de violencia como aquella que "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia". 

Los datos reseñados, a pesar de que no se aprecia un incremento en el número de víctimas en Galicia en relación con la serie histórica, son intolerables.

Queda patente que hay mucho por mejorar en cuanto a producción normativa y su implementación y ejecución real, puesto que considero que las políticas públicas encaminadas a hacer posible una protección efectiva de la víctimas deben centrarse en no restringir sus derechos y libertades, sino focalizarse en el agresor y en prevenir y evitar su actuación, así como eliminar su impunidad.

Así pues, es exigible que las administraciones públicas dispongan de los medios necesarios para que todos los actores implicados (fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos judiciales, unidades administrativas de atención a las víctimas, unidades administrativas asistenciales y sanitarias, …) se coordinen de forma efectiva, se consiga una detección precoz de los casos problemáticos y se actúe preventivamente para erradicar definitivamente este tipo de delitos.