En esta publicación voy a hacer una breve referencia a los datos correspondientes a las Víctimas Mortales por Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al período 2023 – 2024.

Los datos objeto de este breve análisis podemos encontrarlos en el siguiente enlace del Instituto de las Mujeres, organismo público español, adscrito al Ministerio de Igualdad:

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm

La Comunidad Autónoma de Galicia, es la 5º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población, siendo la población femenina mayoritaria, con 1.404.359 mujeres, lo que supone el 51.87% del total, frente a los 1.302.594 hombres que son el 48.12%.

Se trata de una comunidad con una fuerte dispersión demográfica (el 62% de su territorio está habitado) y en la que la población rural sigue teniendo un gran peso, fundamentalmente en las provincias interiores de Lugo y Ourense.

Los datos objeto de análisis indican que en el período 2023 – 2024 ha habido 5 víctimas mortales de violencia de género (tres víctimas en el año 2023 y dos víctimas en lo que va de año 2024).

En este sentido, porcentualmente, Galicia ocupa el sexto lugar de las CC.AA. en las que más víctimas mortales de violencia de género ha habido a nivel estatal.

La actual legislación nacional y europea obliga a las administraciones públicas a integrar activamente el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres en todas sus actividades y políticas públicas, de una forma transversal y con un ánimo corrector de las desigualdades históricas derivadas del proceso  de socialización, debiendo tener siempre presente en su actuación el principio de igualdad.

Dicha obligación se materializa por diversos cauces, como, por ejemplo, mediante la adopción de medidas de acción positiva e inclusión, todo ello en aras de garantizar y promover la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales.

La máxima expresión de la desigualdad la podemos encontrar en  la violencia ejercida contra las mujeres y en las diferentes formas de discriminación (racismo, xenofobia, discursos de odio LGTBIQ+,...). Se trata este de un problema que trasciende el ámbito privado, ante el que las administraciones públicas deben actuar poniendo a disposición de las víctimas medios de protección efectivos desde una perspectiva de género, inclusividad y diversidad.

La Ley española de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 define este tipo de violencia como aquella que "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia". 

Los datos reseñados, a pesar de que no se aprecia un incremento en el número de víctimas en Galicia en relación con la serie histórica, son intolerables.

Queda patente que hay mucho por mejorar en cuanto a producción normativa y su implementación y ejecución real, puesto que considero que las políticas públicas encaminadas a hacer posible una protección efectiva de la víctimas deben centrarse en no restringir sus derechos y libertades, sino focalizarse en el agresor y en prevenir y evitar su actuación, así como eliminar su impunidad.

Así pues, es exigible que las administraciones públicas dispongan de los medios necesarios para que todos los actores implicados (fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos judiciales, unidades administrativas de atención a las víctimas, unidades administrativas asistenciales y sanitarias, …) se coordinen de forma efectiva, se consiga una detección precoz de los casos problemáticos y se actúe preventivamente para erradicar definitivamente este tipo de delitos.