RETO 3 CURSO  “LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”

Mi administración pública de destino actual es la Administración General del Estado y, concretamente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La información relativa al sistema de indicadores de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de este ministerio es escasa o, al menos, no suficientemente divulgada a través de plataformas públicas.

Por este motivo, mi análisis, en relación con el reto tres del curso “LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, se circunscribirá a la Xunta de Galicia, otra administración cercana y bien conocida por mí, y cuyo sistema de indicadores y cuenta de resultados es más accesible.

Cabe aquí recordar que la ONU, en el año 2015, estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas a cumplir para el año 2030, configurando un sistema que incluía 239 indicadores de cumplimiento.

Por lo que respecta a la Xunta de Galicia, esta inició en el año 2018 el camino hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU, y ya en el año 2019 creó una Comisión Interdepartamental de la Agenda 2030, así como también desarrolló un sistema de indicadores propios para la evaluación de resultados.

Además, a través de informes de seguimiento (dos hasta la fecha), el gobierno autonómico da cuenta periódicamente ante el parlamento gallego del desarrollo del cumplimiento de los objetivos marcados, siendo el último informe de mayo de este año 2024.

En síntesis, podemos decir que los indicadores establecidos por la Xunta de Galicia constan de datos estadísticos extraídos de fuentes de información oficiales que permiten medir a nivel autonómico algunos de los indicadores previamente definidos por la ONU.

El sistema de indicadores propios de la Xunta de Galicia abarca prácticamente todos los ODS (salvo el objetivo número 14, relativo a la vida submarina, para el que no hay datos desglosados a nivel autonómico), aunque las metas analizadas son únicamente 60, existiendo un total de 172 indicadores de cumplimiento.

Aunque la mayoría de los indicadores relativos a cada objetivo presentan en Galicia una tendencia positiva, la Xunta de Galicia destaca en su último informe de seguimiento la excelente evolución de los objetivos relativos a “Agua limpia y saneamiento” (ODS nº 6), “Energía accesible y no contaminante” (ODS nº 7) y “Vida de los ecosistemas terrestres” (ODS nº15).

Desde una perspectiva global y genérica, podríamos decir que el sistema de indicadores de los ODS de la Xunta de Galicia está convenientemente actualizado, aunque es a todas luces incompleto, existiendo indicadores que tienen partes comunes con el conjunto de indicadores oficiales de la ONU, aunque en la gran mayoría de los casos consisten en indicadores propios cuya configuración y análisis final de resultado podrían derivar hacia un cierto sesgo con intencionalidad política, entendido todo ello en un contexto de comparativa de resultados con la Administración General del Estado, cuyo gobierno es ejercido por un partido político claramente confrontado en términos electorales a nivel autonómico y estatal con el que ejerce el poder en el ámbito autonómico.

Este sistema de la administración autonómica es cierto que cubriría prácticamente la totalidad de los ODS, salvo el ya citado ODS nº 14, aunque quedaría lejos de cubrir la totalidad de las metas, por lo que es indudable que en los próximos años debería llevarse a cabo un esfuerzo mayor por generar indicadores específicos, fiables, realistas y con un marco temporal adecuado, que abarquen todas las metas, obteniendo así unos indicadores de mayor calidad cuantitativa y cualitativa, más cercanos a los estándares fijados por la ONU y a las características “SMART”.

No obstante, se puede concluir que el sistema de indicadores generado por la Xunta de Galicia es indudable que aporta información ciertamente relevante para una adecuada medición del cumplimiento de los ODS, así como también sirve para establecer una interpretación relevante y fiable del camino hacia la sostenibilidad emprendido por la administración autonómica a través de sus diversas políticas.

Análisis de la situación actual del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 

El transporte es gran responsable del total de las emisiones de gases que provocan el cambio climático, por lo que el desarrollo de sistemas de movilidad sostenibles será crucial para la consecución de los objetivos planteados por la Agenda 2030.

Concretamente, el Objetivo 11 de la agenda se centra en lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

En ese sentido, las administraciones públicas deben realizar políticas públicas, planes y estrategias poniendo el foco en el transporte público sostenible, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva, debiendo facilitar el  acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para toda la ciudadanía.

Entre las metas de este Objetivo 11 encontramos que, de aquí a 2030, se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas con discapacidad y personas de edad.

Por lo tanto, transporte sostenible no es equivalente a menos transporte, sino que hace referencia a incorporar a corto plazo innovaciones tecnológicas que ofrezcan soluciones más ecológicas, fruto de la alianza entre las distintas administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado.

Ciñéndonos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, este ha desarrollado “es.movilidad”, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que guiará la actuación del ministerio en materia de movilidad, infraestructuras y transportes, todo ello en relación con la necesidad de descarbonizar la economía y dar respuesta al cambio climático y a los desafíos producidos por la concentración cada vez mayor de población en las grandes ciudades.

Esta estrategia enfoca la movilidad como un derecho, fuente de cohesión social y de crecimiento económico, y pretende dar soluciones reales a la movilidad de los ciudadanos, así como garantizar un sistema de transportes eficiente, sostenible y resiliente.

La estrategia se estructura en 9 ejes, que se desarrollan a través de líneas de actuación y medidas concretas.

Por ejemplo, su Eje 1 se refiere a la “Movilidad para Todos”, movilidad interpretada como un derecho de los ciudadanos y un elemento imprescindible de cohesión social, decantándose por soluciones de movilidad sostenibles, seguras, accesibles y razonables económicamente para todos los ciudadanos y garantizando la accesibilidad universal.

Dentro de este Eje 1 se han fortalecido las alternativas al coche privado en la movilidad urbana y metropolitana adoptando medidas como el impulso a los planes de empresa de transporte sostenible al trabajo, la intermodalidad y multimodalidad en entornos urbanos, el fomento de la movilidad peatonal, la implantación de la estrategia estatal por la bicicleta, el impulso de la movilidad compartida, pautas para la convivencia ordenada del sector del taxi y de los VTC,…

Del mismo modo, se han adoptado medidas de accesibilidad universal, con planes de accesibilidad del sistema ferroviario, sistemas de información en tiempo real sobre la accesibilidad del material móvil en Cercanías, análisis de mecanismos de financiación para la implantación de asistentes de movilidad en estaciones de autobuses interurbanos, elaboración de planes de accesibilidad en el entorno portuario,…

Otras líneas de actuación incluidas en este Eje 1 han sido la planificación de la movilidad sostenible, fomento de la movilidad en el ámbito rural, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, etc. 

 Mapa mental - Gobernanza de la Agenda 2030 en la Administración General del Estado

En el siguiente enlace he confeccionado una mapa mental relativo a la la estructura de gobernanza de la Agenda 2030 en lo que respecta a la Administración General del Estado, administración a la que pertenezco:

https://www.mindmeister.com/app/map/3495081063?t=0Cflt4TqOd

En dicho mapa mental trato de identificar someramente las principales instituciones responsables de coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, así como describo brevemente cuales son sus funciones en la materia.

Espero que sirva de ayuda a la hora de entender la citada estructura de gobernanza.

 

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros individualmente, desde nuestra posición como empleadas o empleados públicos, para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres?

Esta pregunta, que se nos plantea en el Reto 5 del curso sobre “FUNDAMENTOS SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”, bajo una apariencia sencilla, encierra en sí misma una gran complejidad.

Nos hace plantearnos si efectivamente la relevancia de nuestros pequeños actos cotidianos como empleados públicos podrían tener alguna relevancia en aras de alcanzar esa meta de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La respuesta sería más sencilla si mi desempeño profesional efectivo tuviera que ver con la toma de decisiones, en cuyo caso, la respuesta derivaría más hacia cuestiones como impulsar protocolos o normativas contra el acoso sexual y a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, reconocimiento de los logros desde una perspectiva igualitaria, adoptar medidas de conciliación en mi órgano o unidad administrativa, etc.

Sin embargo, siendo un funcionario perteneciente al Cuerpo General Administrativo, no manejando, por lo tanto, ninguna cuota de poder, ni ostentando ninguna relevancia desde la perspectiva de la toma de decisiones organizacional, la respuesta a la pregunta hay que buscarla en los pequeños gestos y automatismos individuales del desempeño profesional.

Así, considero que podría focalizarme en cuestiones tales como el adoptar un lenguaje inclusivo en mi quehacer diario (tanto en su manifestación de relaciones internas a nivel organizacional como externas, en cuanto a la relación con los ciudadanos y la forma de exteriorizar la actividad administrativa), tratar de visualizar y tomar conciencia de mis posibles micromachismos adquiridos en el proceso de socialización y corregirlos, estar alerta en mi entorno laboral inmediato y tratar de comunicar por cauces informales a mis superiores jerárquicos posibles situaciones de desigualdad, etc.

En fin, se trataría, sin más, de fijarme y reflexionar sobre los pequeños gestos cotidianos heredados de la cultura organizacional y de la propia socialización y educación individual adquirida, analizarlos desde una perspectiva de género y tratar, en su caso, de corregirlos.

¡Hola a todos!

De acuerdo con el reto 0 del curso "LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS", voy a presentarme brevemente.

Soy funcionario de la Administración General del Estado desde hace ya más de 17 años, y actualmente pertenezco al Cuerpo General Administrativo.

Mi destino actual en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene relación alguna con la temática de este curso, no obstante, me gustaría conocer esta materia, por eso he considerado que sería interesante realizar el curso.

A lo largo del mismo, espero ir comprendiendo un poco más el contenido de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en las administraciones públicas, sus objetivos, metas, políticas y resultados.

Espero que sea una experiencia provechosa para todos.

Saludos.

 En esta publicación en mi diario de aprendizaje voy a analizar la firma del “Protocolo General de Actuación Para la Difusión de la Campaña de los Puntos Violeta en Estaciones de Tren, Aeropuertos y Puertos”, impulsado por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Dicho protocolo fue rubricado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Igualdad, así como por las entidades Adif, Aena, Renfe y Puertos del Estado, encargadas estas últimas de difundir e implementar en sus espacios públicos las iniciativas surgidas bajo el paraguas de dicho protocolo.

En síntesis, su objeto es concienciar en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, el compromiso social y la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres, todo ello dentro de un contexto de modelos de transporte y espacios públicos igualitarios y seguros para las mujeres, prestándole así un enfoque de género a la política nacional de transporte público.

La forma concreta de implementación de este protocolo es a través del despliegue de una red de “Puntos Violeta” como medio de garantía para las mujeres (u otros colectivos vulnerables) configurando de esta manera un espacio seguro cercano y accesible de asistencia en caso de necesidad, coordinando a su vez la doble faceta de acción protectora e informativa.

El protocolo incluye, igualmente, el compromiso de elaboración y difusión de campañas anuales de concienciación y sensibilización para la erradicación de la violencia de género, incluyendo las destinadas a visibilizar los buenos tratos y combatir la violencia sexual.

El objetivo último de esta política pública consistiría en implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia machista, acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos.

Este proyecto se enmarca en una acción sostenida temporal de las medidas de concienciación y sensibilización para la erradicación de la violencia de género, incluyendo las destinadas a visibilizar los buenos tratos y combatir la violencia sexual.

Facilitará un acceso igualitario a los medios de transporte y espacios públicos, impulsando una movilidad más accesible, eficiente, eficaz e inclusiva desde una perspectiva de género de acuerdo con un modelo europeo en el que se permita a todos los ciudadanos viajar con seguridad y de forma independiente, poniendo el foco en la importancia del transporte público como medio básico para acceder a otros derechos fundamentales como son la vivienda, la educación, el trabajo o la sanidad.

De esta manera, el proyecto repercutirá de forma evidente sobre los roles de género (comportamientos que hemos aprendido y aceptado de acuerdo con los atributos asignados socialmente a hombres y mujeres), que influyen sobremanera en la violencia contra las mujeres.

En cuanto a la paridad de género y representación de las mujeres en la toma de decisiones y relaciones de poder de este proyecto, cabe destacar que en su firma existe una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones, dado que, en tres de las seis entidades y administraciones públicas firmantes, sus máximas representantes son mujeres.

Este protocolo debería tener un impacto y resultado beneficioso en aras a conseguir una movilidad cotidiana inclusiva y que permita la participación de todas las personas, y en especial de las mujeres, en las actividades sociales, aumentando, a su vez, la visibilidad y sensibilidad en temas de igualdad de género, y el refuerzo de la seguridad en los servicios e infraestructuras de transporte, respaldando así la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de una forma visual y efectiva.

Desde mi punto de vista, los puntos fuertes fundamentales derivados de la implantación de este protocolo serán el acercamiento de servicios integrales a las víctimas a través del entorno en el que interactúan y la facilitación de información accesible y cercana sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista.

Igualmente, otro punto fuerte de la medida será la visibilización del problema que motiva la acción, haciendo visible a toda la sociedad de la existencia de un problema importante que nos atañe a todos y, a su vez, publicitar la existencia de canales institucionales que ofrecen y facilitan una posible salida a la situación de la víctima.

En cuanto a las debilidades observadas en este protocolo, en el mismo no existe una descripción rigurosa, ni detallada, de los recursos económicos y humanos destinados a poner en marcha los “Puntos Violeta”, así como tampoco se especifica cuantos de ellos se implantarán, ni tampoco existe información sobre sus concretas ubicaciones.

Tampoco se conoce si existirán registros acerca de los puntos violeta creados, ciudadanos atendidos, etc., lo que facilitaría poder analizar su despliegue y eficacia en términos de actividad y resultados.

 En esta entrada de mi diario de aprendizaje voy a hablar brevemente acerca de Dª. María Isabel Ces, vecina del ayuntamiento de Rianxo (A Coruña).

La citada, a su actual edad de 74 años, sigue siendo una persona muy activa y luchadora, tanto en el ámbito privado y familiar, como en lo que se refiere al ámbito social, participando activamente desde siempre en diversas asociaciones vecinales y culturales de la villa rianxeira, en la que todavía reside.

Maribel, como así le gusta que le llamen, ostenta un récord que ya nadie será capaz de arrebatar, y es que ella fue la primera mujer en formar parte de la corporación municipal del ayuntamiento de Rianxo, allá por el año 1979, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones municipales de la democracia, siendo, por lo tanto, una precursora que abrió camino a la participación de las mujeres en el ámbito político municipal.

Aunque únicamente se mantuvo como concejala cuatro años, y aunque su poder de decisión fue muy limitado, puesto que el partido en el que acudió a las elecciones, el Bloque Nacionalista Galego, permaneció todo ese tiempo en la oposición, Maribel es recordada entre la ciudadanía como una persona cercana, accesible, preparada e íntegra, siempre dispuesta a ayudar e informar a los vecinos de las diversas materias que pudieran ser de su interés.

Era además, como ella misma reconoce, muy visceral, y así, diversas iniciativas personales que consideraba redundarían en beneficio de su pueblo (como, por ejemplo, la puesta en marcha de diversas líneas de autobuses que conectaran las diversas parroquias del municipio, la instalación en la localidad de una oficina permanente de Correos, o llevar la línea telefónica a aldeas remotas del municipio que aún no disponían de dicho servicio), las defendió con gran vehemencia aunque, con escaso resultado, pues no pasaron el filtro del, en aquel momento, ejecutivo municipal, de configuración íntegramente masculina.

No obstante, a pesar de estas luchas baldías y proyectos políticos que nacían fracasados sin mayor razonamiento posterior, cabe destacar ese fundamental papel de pionera en la actividad política local tras la finalización del régimen franquista.

En aquel contexto histórico se hablaba de un escaso interés de las mujeres en las cuestiones políticas y primaba la idea, falaz y contumazmente repetida a lo largo de la historia, de la desigualdad de aptitudes entre hombres y mujeres, pero la realidad es que lo que realmente cercenaba la participación cuantitativa y cualitativa de la mujer en la política eran los numerosos obstáculos a los que tenían que enfrentarse para alcanzar una participación política igualitaria.

Entre esos obstáculos encontramos los ya consabidos roles, estereotipos, relaciones y socialización de género, la asunción fundamentalmente femenina del trabajo doméstico, del cuidado de niños, enfermos y ancianos, así como el diverso enfoque que se daba a la carrera educativa de hombres y mujeres (más enfocada la de estas últimas a las labores del hogar, a ser una “buena esposa”, y escasamente orientada al ejercicio de actividades de poder o de toma de decisiones).

Así pues, como ya ha quedado reflejado anteriormente, lo que realmente aportó Maribel a su sociedad y al contexto histórico que le tocó vivir, no fue una, digamos, carrera política brillante y duradera, sino la valentía de dar el paso e introducirse de forma pionera en un ámbito, el de la política municipal rural, vedado en aquellos tiempos a la presencia de las mujeres, dando así un pequeño, pero importantísimo, paso en la lucha por conseguir una participación política igualitaria.

 

Fuentes:

-          -         Hemeroteca diario “La Voz de Galicia”

-          Publicación “A Forza en Nós: retratos biográficos de Mulleres de Rianxo”; editado por Ayuntamiento de Rianxo 

 

En esta publicación voy a hacer una breve referencia a los datos correspondientes a las Víctimas Mortales por Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al período 2023 – 2024.

Los datos objeto de este breve análisis podemos encontrarlos en el siguiente enlace del Instituto de las Mujeres, organismo público español, adscrito al Ministerio de Igualdad:

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm

La Comunidad Autónoma de Galicia, es la 5º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población, siendo la población femenina mayoritaria, con 1.404.359 mujeres, lo que supone el 51.87% del total, frente a los 1.302.594 hombres que son el 48.12%.

Se trata de una comunidad con una fuerte dispersión demográfica (el 62% de su territorio está habitado) y en la que la población rural sigue teniendo un gran peso, fundamentalmente en las provincias interiores de Lugo y Ourense.

Los datos objeto de análisis indican que en el período 2023 – 2024 ha habido 5 víctimas mortales de violencia de género (tres víctimas en el año 2023 y dos víctimas en lo que va de año 2024).

En este sentido, porcentualmente, Galicia ocupa el sexto lugar de las CC.AA. en las que más víctimas mortales de violencia de género ha habido a nivel estatal.

La actual legislación nacional y europea obliga a las administraciones públicas a integrar activamente el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres en todas sus actividades y políticas públicas, de una forma transversal y con un ánimo corrector de las desigualdades históricas derivadas del proceso  de socialización, debiendo tener siempre presente en su actuación el principio de igualdad.

Dicha obligación se materializa por diversos cauces, como, por ejemplo, mediante la adopción de medidas de acción positiva e inclusión, todo ello en aras de garantizar y promover la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales.

La máxima expresión de la desigualdad la podemos encontrar en  la violencia ejercida contra las mujeres y en las diferentes formas de discriminación (racismo, xenofobia, discursos de odio LGTBIQ+,...). Se trata este de un problema que trasciende el ámbito privado, ante el que las administraciones públicas deben actuar poniendo a disposición de las víctimas medios de protección efectivos desde una perspectiva de género, inclusividad y diversidad.

La Ley española de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 define este tipo de violencia como aquella que "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia". 

Los datos reseñados, a pesar de que no se aprecia un incremento en el número de víctimas en Galicia en relación con la serie histórica, son intolerables.

Queda patente que hay mucho por mejorar en cuanto a producción normativa y su implementación y ejecución real, puesto que considero que las políticas públicas encaminadas a hacer posible una protección efectiva de la víctimas deben centrarse en no restringir sus derechos y libertades, sino focalizarse en el agresor y en prevenir y evitar su actuación, así como eliminar su impunidad.

Así pues, es exigible que las administraciones públicas dispongan de los medios necesarios para que todos los actores implicados (fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos judiciales, unidades administrativas de atención a las víctimas, unidades administrativas asistenciales y sanitarias, …) se coordinen de forma efectiva, se consiga una detección precoz de los casos problemáticos y se actúe preventivamente para erradicar definitivamente este tipo de delitos.

Presencia de la mujer en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El objeto de la presente reflexión no será exactamente una noticia publicada en algún medio de comunicación, sino que trataré de hacer un pequeño análisis de los datos publicados en el portal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, relativos a la presencia de mujeres en los puestos de trabajo correspondientes a dicho ministerio.

Los citados datos se encuentran disponibles en:

https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/buen-gobierno/estrategia-por-la-igualdad/mujer-mitma-diagnostico-situacion-actual#:~:text=Frente%20a%20la%20media%20de,hombres%20el%2047%2C68%25.

Bajo el título, “La mujer en Transportes”, se presentan los datos de diagnóstico relativo a la presencia de mujeres en el ministerio correspondientes a diciembre de 2022.

Este diagnóstico, forma parte de una estrategia de información que pretende disponer de datos desagregados por sexo que permitan retratar objetivamente el panorama de la igualdad de género en el ministerio.

En este sentido, destaca la existencia de una composición por sexo en la que existe una mayor proporción de hombres que de mujeres (39,38% de mujeres), rompiendo así la situación general apreciable en el conjunto de la Administración General del Estado (52,32% de mujeres).

¿A qué se debe esta situación?

Pues el motivo fundamental de la existencia de este desequilibrio, con respecto a la tendencia general para el conjunto de la Administración General del Estado, podría ser que en este ministerio existe un mayor peso cuantitativo de personal perteneciente a los Cuerpos y Escalas Especiales, motivado esto por la propia idiosincrasia de los sectores de actividad sobre los que se desarrollan las políticas públicas ministeriales (sectores con escasa presencia femenina).

Se da la circunstancia de que dichos Cuerpos y Escalas son, a su vez, los más especializados y técnicos (en cuanto a los Cuerpos Generales, la situación se invierte, habiendo mayor presencia relativa femenina), siendo los estudios que posibilitan el acceso a ellos, fundamentalmente,  correspondientes a disciplinas científicas, tecnológicas, ingenierías o matemáticas, manteniendo dichos estudios una composición de género predominantemente masculina.

Destaca el diagnóstico también que, en términos generales, la proporción de mujeres es menor conforme aumenta la franja de edad, lógico, teniendo en consideración que, según aumenta la franja de edad, la presencia de mujeres en los estudios anteriormente mencionados también es menor.

Concluye el diagnóstico que “la composición de género del Departamento reproduce la composición de género de los ámbitos profesionales afectados por las políticas sectoriales de Transportes. Puede decirse así que esta segregación horizontal, de naturaleza profesional, constituye su principal característica diferencial desde el punto de vista del género.”

Así pues, podemos concluir que, como desencadenante fundamental de la situación descrita, y en su origen, tenemos a la socialización diferencial de niñas y niños, puesto que los roles, expectativas y valores atribuidos de forma diferente según el género a niños y niñas parece haber derivado en un determinado cauce académico mayoritario para unos y otros, esto es, la menor presencia de niñas en disciplinas científicas, tecnológicas, matemáticas e ingenierías. Por lo tanto, si el filtro para el acceso a los Cuerpos y Escalas Especiales del ministerio son estos estudios académicos, y en ellos hay un déficit de presencia femenina (lo que parece se va corrigiendo con el paso del tiempo y la adopción de políticas igualitarias), es lógico que la consecuencia, a su vez, sea una menor presencia de mujeres en estos Cuerpos y Escalas Especiales, los cuales tienen un gran peso en el conjunto de los Cuerpos y Escalas de empleados públicos ministeriales.

¿Cómo se podría corregir esta situación?

Evidentemente, combatiendo la socialización diferencial y los estereotipos de género a temprana edad, que parecen atribuir a uno u otro sexo determinados roles laborales e intelectuales, en función de la “brillantez intelectual” o supuesta capacitación atribuidos de forma genérica y estereotipada a cada uno.

Presentación

 Buenos días,

mi nombre es Ramón y soy funcionario de la Administración General del Estado, Cuerpo General Administrativo, desde hace ya más de tres lustros, por lo que ya tengo cierta experiencia en la administración pública, fundamentalmente en la atención al ciudadano.

La administración, los asuntos púbicos y el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres han experimentado importantes cambios desde el momento en que me incorporé a la administración pública hasta la actualidad, por eso tengo gran interés en la realización de este curso de "Fundamentos sobre la igualdad entre mujeres y hombres" del INAP, para tratar de profundizar y familiarizarme con estos procesos y fundamentos que, desde luego, están siempre en constante evolución.

Espero que sea un curso muy provechoso para todos.

Saludos.